UDI aumenta la presión y crea equipo de abogados para profundizar investigación de irregularidades en otras fundaciones

En medio del escándalo político provocado por el caso Democracia Viva que afecta al oficialismo, todos los partidos indistintamente están jugando sus cartas para salir lo menos perjudicados posible. En este contexto, la oposición, especialmente la UDI encontró en este complejo episodio la fórmula perfecta para mantener a los partidos de Gobierno en vilo y a La Moneda en jaque el mayor tiempo posible. Si comenzó presentando una querella, este miércoles dio un nuevo paso en su estrategia.

Eso, porque, en palabras del timonel el partido, senador Javier Macaya, la UDI “decidió tomarse este tema muy en serio, sin parafernalia”, para lo cual decidió darle una respuesta jurídica que partió con la querella presentada y a la que se suma la creación de un equipo de abogados, integrado por Teresita Santa Cruz, Pablo Tolosa y Carlos Oyarzún, que “van a estar recorriendo Chile, levantando información de parte de nuestros concejales, consejeros regionales, nuestros parlamentarios, de situaciones que nos merezcan algún viso de irregularidad, que pueda ser investigada y presentada ante la justicia”.

Macaya expuso que la razón para movilizar a este equipo se funda en la gravedad de los hechos que han salido a la luz a raíz de los convenios irregulares entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Para el presidente de la UDI resulta especialmente grave que con dineros del fisco “se hubiese pretendido hacer financiamiento irregular de política, fraude al fisco y otras actividades que están siendo investigadas por la justicia”.

Los abogados no descartaron que de sus investigaciones resulten “nuevas acciones penales” e invitaron a quienes tengan información de eventuales irregularidades a que se las hagan llegar para avanzar en su tarea, asegurando que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y a ejercer todas las acciones penales, administrativas y legislativas” que tengan a su alcance.

Defensa de la subsidiaridad

Sin embargo, Macaya instó al Gobierno a que no intente “pasar gato por liebre”, señalando que hechos como los conocidos demostrarían la necesidad de que el Estado cuente con más recursos, a propósito de la reforma tributaria. Lejos de abrirse a eso, el senador gremialista señalo que “acá hay una sociedad civil, fundaciones, que son muy activas y son muy importantes en la colaboración de la solución a los problemas públicos, en materia de vivienda, salud, previsión social (…). Nosotros confiamos y parte de los principios que defiende la UDI, en base al rol que tiene la sociedad civil, el principio de subsidiaridad, tiene que ver con la confianza en los grupos intermedios, en los entes privados, de ayudar en la solución de los problemas públicos”.

Y advirtió que no harán una cacería de brujas contra todas las fundaciones, sino sólo contra aquellas que han hecho mal su trabajo. Pero también advirtió que en el Congreso aún quedan instancias de fiscalización en lo que se refiere a las responsabilidades políticas en estos hechos.

El ministro Montes

En materia de fiscalización, el diputado Juan Antonio Coloma advirtió  que “al ministro Montes se le acaba el tiempo para transparentar lo que ocurre en el Ministerio de Vivienda (…), no puede ser que vaya a Antofagasta, entregue tres carpetas y con eso quede tranquilo”, con lo que deja abierta la posibilidad de una acusación constitucional, pues según recalcó, el ministro es el responsable político de lo sucedido y quien tiene que dar las explicaciones al respecto.

El legislador de la UDI incluso llegó a especular que la querella presentada por Revolución Democrática (RD) en contra de quienes resulten responsables se haya hecho con el fin de tener acceso a la investigación y entorpecerla para proteger a los militantes de la colectividad involucrados en estos hechos.

“Nosotros creemos que el motivo más probable de la presentación de la querella (por parte de RD) es simplemente para poder tener acceso a la carpeta de investigación, cuestión que vemos con mucha preocupación, porque todos los querellados, hasta el momento, son parte del partido Revolución Democrática. Y el partido Revolución Democrática va a tener acceso a todos los antecedentes. Esto nos parece gravísimo y puede interferir con la investigación; por lo tanto, vemos más que un real ánimo de colaborar, un interés genuino por apoyar y defender a sus propios militantes y a su propia diputada”.